Reforma Laboral: Minuta para su la discusión

Minuta Reforma Laboral

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1. El reciente anuncio de reforma laboral realizado por el gobierno de Piñera es expresivo del abrumador predominio de la visión empresarial respecto a la regulación del trabajo y del orden laboral. Compartida por parte sustantiva de las élites políticas de la derecha y de parte del progresismo neoliberal, esta visión sostiene que los derechos de trabajadoras y trabajadores serían un obstáculo para la productividad y el crecimiento económico, por lo que deben ser reducidos al mínimo. Al contrario, en esta minuta se analiza el proyecto de ley considerando a los trabajadores y trabajadoras como sujetos de derechos y al trabajo como una actividad social fundamental que debe ser ejercida de manera libre y digna, reconociendo todas sus manifestaciones, sean o no remuneradas.

2. El proyecto de reforma laboral de Piñera se divide en tres ejes: i) pactos de flexibilización de la jornada laboral; ii) regulación de empleos actualmente no considerados en el Código del Trabajo; y iii) normas denominadas “de inclusión”. Esta minuta se enfocará en el análisis de las dos primeras, dejando para un posterior informe las implicancias del tercer eje.

3. El núcleo del proyecto radica en el primer eje, que permite que el empleador “pacte” con cada trabajador o trabajadora, por separado, una serie de medidas tendientes principalmente a flexibilizar su jornada laboral. Este aspecto es crítico, pues constituye una de las pocas limitantes que tenía el empresario para disponer del tiempo de trabajadoras y trabajadores. Algunas de las medidas son:

  • pactar la distribución de las 180 horas de trabajo mensuales (equivalentes a las 45 horas semanales actualmente vigentes) según acuerdo de las partes durante el mes y no de manera fija a la semana como ocurre en la actualidad;
  • distribuir la jornada semanal en no menos de cuatro ni más de seis días, con un máximo de doce horas diarias;
  • permitir el pacto de bolsas de horas extraordinarias semanales o mensuales, sin límite diario (actualmente pueden ser hasta dos horas extra diarias);
  • compensación de horas extraordinarias con días extras de vacaciones, esto es, que las horas extras no sean pagadas sino “canjeadas” como días de vacaciones (hasta cinco días adicionales de feriado legal anual);
  • flexibilización de la hora de inicio y la de término de la jornada;
  • posibilidad de cambiar los minutos por sobre el mínimo legal de colación (treinta minutos) a cambio de adelantar el horario de salida;
  • pactar trabajo a distancia o reducción de jornada laboral diaria durante periodo de vacaciones familiares, con reducción proporcional de remuneración;
  • cambiar dos domingos de descanso por doce días de descanso durante un semestre;
  • pactar la suspensión del contrato de trabajo, sin derecho a remuneración, pero conservando el puesto de trabajo. 

4. Todas estas materias, en teoría, se negociarán individualmente. Sin embargo, al no contar el trabajador o la trabajadora en solitario con ninguna fuerza negociadora en comparación a la empresa, es evidente que el verdadero objetivo es otorgar al empleador una serie de cláusulas de adhesión que podrán ser impuestas a cada trabajador o trabajadora por separado, bajo la presión de no ser contratado o ser despedido. Esta posibilidad no puede ser ignorada a la luz del desequilibrio en favor de la empresa que ya consagra el orden laboral que existe en Chile.

5. La legislación laboral debe tener como supuesto básico que el empresario y los trabajadores o trabajadoras no están en condiciones de igualdad al momento de firmar un contrato de trabajo ni de negociar cláusulas especiales, situación que además está atravesada por sesgos de género. El proyecto crea una ficción de negociación entre iguales de cláusulas de flexibilización, pero en la práctica se le otorga al empresario un cheque en blanco para que imponga al trabajador o trabajadora las jornadas que su empresa requiera en función de la demanda, sometiendo la jornada laboral  a los vaivenes del mercado y en ningún caso a la compatibilización entre trabajo, vida familiar, social y tiempo libre. En definitiva, detrás de este proyecto está la noción del trabajador o trabajadora como un factor productivo más, que debe adaptarse a la demanda, y en ningún caso un sujeto de derechos.

6. El panorama se complica al poner sobre la mesa las fuertes restricciones a los derechos colectivos de sindicación, negociación colectiva y huelga existentes en Chile, a partir del Plan Laboral de la dictadura y la Reforma Laboral de Bachelet, que introdujo nuevos obstáculos para el ejercicio de estos derechos. Sin la presencia de organizaciones sindicales fuertes en la mayoría de los lugares de trabajo, es muy probable que la tónica sea incorporar estos pactos de flexibilización de manera obligatoria para todos aquellos trabajadores o trabajadoras que no cuenten con una organización sindical que les permita negociar de manera adecuada. Solo con sindicatos fuertes es posible pensar en una flexibilidad negociada beneficiosa para ambas partes y no solo para la empresa. En la propuesta del gobierno este problema se expresa también en la posibilidad de pactar colectivamente jornadas semestrales y anuales, pero un sindicato débil no podrá hacer frente a la imposición de la empresa sobre este tipo de jornadas. Muchos expertos laborales consideran que esta última medida nos retrotrae a la situación laboral del siglo XIX al relativizar una de las grandes conquistas del movimiento obrero lograda durante el siglo XX, que fue precisamente la jornada laboral de ocho horas diarias.

7. El excesivo predominio empresarial en el lugar de trabajo, sin contrapesos reales, permite concluir que cada vez que se afirma que “las partes podrán pactar”, lo que verdaderamente se está diciendo es que "el empresario podrá imponer". La flexibilidad laboral es una buena idea si asegura los derechos a los trabajadores y a las trabajadoras, si respeta el tiempo libre y considera el trabajo reproductivo realizado fundamentalmente por mujeres como una responsabilidad de toda la sociedad, y no como una segunda o tercera jornada laboral como lo es hoy en día. Pero cuando existe un desbalance tan extremo entre capital,trabajo y género, estas medidas de flexibilidad sólo sirven para someter el tiempo de las y los trabajadores a las necesidades de la empresa, con importantes consecuencias en su vida personal, social y familiar, siendo además este el eje central de la reforma.

8. El proyecto es un traje a la medida de los empresarios y no se hace cargo de la sentida demanda social por distribuir el tiempo de un modo más equitativo, ya sea reduciendo jornadas extenuantes, permitiendo contar con tiempo para la vida familiar y social, o reconociendo el valor trabajo doméstico realizado fundamentalmente por mujeres (que sigue siendo considerado un problema privado, ignorando una demanda central del movimiento feminista). Por más que el gobierno señale que se hace cargo de estas demandas, en la práctica lo que tenemos es un caballo de Troya destinado a reducir los derechos laborales a un mínimo, aumentar la precarización de la vida y normalizar la sobreexplotación de trabajadores y trabajadoras, siendo estas últimas las más desfavorecidas.

9. El segundo eje que considera el proyecto es la regulación de las aplicaciones tecnológicas como Uber, Rappi, etc. Se propone que los trabajadores sometidos a este régimen no sean reconocidos como trabajadores sino como prestadores de servicios a honorarios, sin reconocer la situación de subordinación y dependencia a la que se encuentran sometidos. Hoy en día, los trabajadores y trabajadoras de aplicaciones pueden recurrir a un tribunal laboral para que declare su relación laboral; con el actual proyecto, se clausura el debate y se privilegia que estos ingresen al régimen de cotización obligatoria que se ha impuesto a todos quienes emiten boletas de honorarios, muchas veces encubriendo una relación laboral real. En definitiva, el proyecto le facilita la labor a las empresas que prestan servicios a través plataformas digitales, a contrapelo de lo que ha sucedido en otros países, donde el debate apunta en un sentido contrario: reconocer a estos trabajadores como tales, salvaguardando sus derechos, y no como “socios” que se arriesgan como independientes en una aventura económica con una empresa transnacional de la que supuestamente son pares.

10. El marcado desequilibrio entre los actores laborales, que permitirá la imposición de estas cláusulas de flexibilización por parte del empresario, se explica por las políticas laborales de los últimos cuarenta años, compartidas por la derecha y la Concertación (y sucesores). En ese sentido, podemos decir que existe una continuidad histórica entre lo que hoy propone el gobierno de Piñera, la última reforma laboral de Bachelet y el Plan Laboral de la dictadura. Las reformas de Bachelet no escaparon a los límites del Plan Laboral de la dictadura y no nivelaron ninguna cancha. No obstante lo anterior, es importante recalcar que el proyecto de Piñera sobrepasa cualquier reforma laboral con sesgo pro empresarial vista desde el retorno a la democracia. Si Bachelet realizó una reforma que se enfocaba principalmente en limitar el ejercicio de los derechos sindicales en nombre de una supuesta “modernización” de relaciones laborales, lo que hace Piñera es consagrar la precarización laboral de amplios contingentes de trabajadores y trabajadoras, la mayoría de los cuales tendrá que negociar individualmente su contrato sin ningún tipo de organización que le permita efectivamente nivelar la cancha.