Concejales de San Ramón presentan solicitud de destitución contra alcalde Aguilera

Este jueves los concejales David Cabedo (RN), Gustavo Toro (DC) y Juana López (Comunes), hicieron una presentación conjunta ante el Tribunal Electoral para que destituya al alcalde Miguel Ángel Aguilera, quien desde 2017 es investigado por la justicia por corrupción y supuestos vínculos con narcotraficantes. La decisión la tomaron luego de que CIPER publicara un preinforme de la Contraloría que detectó que la Municipalidad de San Ramón ha contratado –entre 2014 y 2019– a 61 personas con antecedentes penales.

Los concejales David Cabedo (RN), Gustavo Toro (DC) y Juana López (Comunes, Frente Amplio) informaron a CIPER que presentaron una solicitud de destitución del alcalde Miguel Ángel Aguilera (ex PS). Los argumentos son notable abandono de deberes y posibles faltas a la probidad. La opción la venían analizando desde que en noviembre pasado fue destituido el concejal José Miguel Zapata (PS), un dirigente de la confianza de Aguilera, por faltas graves a la probidad (vea ese reportaje de CIPER).

La solicitud de destitución, dirigida al Tribunal Electoral Metropolitano, requiere la firma de tres concejales, por lo que basta con la rúbrica de Toro, López y Cabedo para iniciar el proceso.

Entre los antecedentes que los ediles incluyeron en la solicitud, está la compra de una casa en La Reina, que en 2016 el alcalde Aguilera pagó con un pie de $100 millones en efectivo, tal como en su minuto reveló CIPER (vea ese reportaje). También citaron diversos informes de Contraloría que dan cuenta de situaciones de acoso laboral, faltas a la probidad y contratación de funcionarios con antecedentes penales.

Aguilera es investigado por la justicia luego de que Informe Especial de TVN revelara en octubre de 2017 que en la municipalidad trabajaba el narcotraficante Jorge “Chino” Pinto –actualmente en prisión– a pesar de sus antecedentes. En noviembre del mismo año, CIPER informó que Pinto había integrado grupos de choque de la campaña de Aguilera. Ese mismo mes fue detenido el guardaespaldas del alcalde Aguilera y ex administrador electoral de su campaña, Roberto Martínez, acusado de transportar municiones encargadas por Pinto.

El 4 de septiembre pasado CIPER reveló un pre informe de Contraloría que detectó que entre 2014 y 2019 en el municipio se ha contratado a 61 personas con antecedentes penales, lo que salvo excepciones, está prohibido por ley (ver reportaje). Para la concejala Juana López, es algo que se repite. En conversación con CIPER recordó la situación de Francisco Olguín, quien era jefe de gabinete del alcalde Aguilera:

-Él estaba condenado por receptación de vehículo robado. Incluso venía a trabajar utilizando una tobillera (electrónica). Esa persona sigue teniendo influencia en el municipio. El alcalde no soluciona estos problemas, porque él es el problema. Cuando la cabeza funciona mal, todo funciona mal.

El concejal David Cabedo (RN), dijo a CIPER: “Hay varios informes de la Contraloría, sumado a los reportajes de prensa que han mostrado las contrataciones ilegales de personas con antecedentes penales, de narcotraficantes y otro tipo de delincuentes. Hay mucha coincidencia y mucha reiteración de que pululan muchos personajes delincuentes. Entonces, si el alcalde tenía en algún momento a un personaje trabajando con tobillera electrónica, ¿qué le pedimos al resto? Si él valida ese tipo de acciones, es un pésimo ejemplo. Se supone que siempre la cabeza tiene que dar el ejemplo, pero acá es todo lo contrario. Si lo ven rodeado de delincuentes, entonces uno piensa que gobiernan ellos”.

Gustavo Toro (DC), el tercer concejal que firmará la solicitud de destitución, considera un hecho grave que el alcalde no aclare los cuestionamientos que se le han hecho: “Cuando CIPER publicó lo de la compra de la casa, nosotros pedimos un concejo municipal especial y se nos negó. Eso no se ha explicado. Se rechazó que el alcalde rindiera cuentas. Lo mismo con el tema de la violencia en el municipio, pues a mí no me consta que el alcalde haya hecho algo para resolver lo de las amenazas a personas al interior del municipio. Es algo que algunos concejales han denunciado en los concejos”.

La semana pasada, el director jurídico del municipio de San Ramón, Walter Droguett, justificó en el programa Hola Chile, de La Red, la contratación de algunas personas con antecedentes penales porque supuestamente son parte de un programa de reinserción que habría impulsado la municipalidad, por lo que a su juicio todo estaría en regla. Pero el 31 de agosto él mismo firmó un instructivo, al que CIPER tuvo acceso, donde informaba a las distintas direcciones municipales que “no procede contratar bajo la modalidad a honorarios y mantener en servicio en tal calidad a quienes se encuentren condenados por crimen o simple delito”. Asimismo, instruía desvincular a las personas que se encontraban en tal situación en un plazo máximo de 10 días hábiles.

En el  municipio aún están a la espera de que la Contraloría emita su informe definitivo sobre la contratación de personas con antecedentes penales. También está en desarrollo la investigación judicial que lleva la Fiscalía sobre diversas denuncias que pesan sobre el alcalde. Desde hace unos meses el alcalde es defendido en ese caso por el bufete del abogado Samuel Donoso (ex PPD), quien también ha asumido las defensas del Presidente Sebastián Piñera –en causas por eventuales violaciones a los derechos humanos durante el estallido social y por presunto actuar negligente en el manejo de la pandemia de Covid-, y del senador Manuel José Ossandón en una indagatoria por supuesto tráfico de influencias.

El análisis de la solicitud presentada por los concejales puede tomar varios meses. Y luego hay instancias de apelación, como el Tricel, por lo que es probable que la próxima elección municipal (abril 2021) se desarrolle con el alcalde acusado, pero aún en su cargo. Aguilera ya anunció que irá a la reelección.

VIOLENCIA Y AMENAZAS

En conversación con CIPER, la concejala Juana López revela un hecho desconocido hasta ahora: “Hace un tiempo hubo un funcionario que era familiar de un narco y por trabajo tenía a cargo un vehículo. Esta persona tomaba el vehículo y se desaparecía. Su jefe lo puso a disposición y, como respuesta, esta persona le hizo tira los computadores y lo golpeó. Yo, como concejal, acompañé a los dirigentes de los funcionarios a Carabineros para hacer la denuncia. Cuando al lunes siguiente llegué a mi oficina, me habían roto todas mis cosas y se habían robado mi computador”.

La concejala asegura que denunció el robo ante Carabineros, pero que nunca supo quién fue el responsable. Reconoce que la situación le provoca temor: “Uno está trabajando en un lugar en que da miedo. Mis hijos me dicen ‘mamá, sale de ahí’. Me da miedo porque tengo familia”.

A su juicio, las amenazas y la violencia al interior del municipio ha sido un sello de la administración de Aguilera: “Esto de las amenazas no pasaba antes. Yo vengo trabajando desde el año 2000 en el municipio. Tuve diferencias políticas y personales con el alcalde anterior (Pedro Isla, DC), pero en esa época no vi estas cosas. Los funcionarios trabajaban tranquilos, nunca vi un grito, un escándalo en los pasillos. Y eso ahora sí se ve, en los estacionamientos, en los pasillos. Gritos, que una persona le pega a uno, que le pega a otro. Familiares de narcos”.

CIPER recibió testimonios de cuatro personas que trabajan en la municipalidad que relataron que a fines de agosto una persona llegó armada a las oficinas del Departamento de Educación (DEM) y amenazó a uno de sus funcionarios. Antes, en julio, otra funcionaria denunció ante la Contraloría que Francisco Olguín (ex jefe de gabinete del alcalde), junto a su pareja, la amenazaron al interior del municipio.

*Este reportaje fue acualizado a las 12:03 del 17/09.