Hacia una política regional para los campamentos

Por: Karina Oliva y Jazmín Aguilar 

Cinco niños juegan, corren y ríen. El objetivo de toda sociedad es que esta imagen se multiplique en todas las ciudades, sin embargo estos cinco niños están descalzos, el agua es un bien escaso en los campamentos de Cerrillos, pocas viviendas tienen luz, tres de cada diez casas es habitada por más de una familia, ninguno de los niños (que cantan rondas en creole y saludan en perfecto castellano) ha tenido una visita dental en sus cortos años, o un examen médico anual, o tiene la certeza de tener zapatos y ropa abrigadora para este invierno. Al día de hoy, en nuestro país se registran 81.643 familias viviendo en campamentos, y no se contemplan en estas cifras las familias que viven en tomas o carpas.

La discusión política sobre los campamentos gira en torno a si se permiten o no en el plan regulador; o a quién se hace responsable, si el dueño del terreno, el municipio, o el Estado; o si se prohíbe la migración o se entiende como un derecho humano; o en cuánto afecta la valoración de los arriendos, casas y terrenos cercanos y, peor todavía, algunos afirman que acabando con los campamentos se termina la delincuencia.

En tiempos de campañas electorales las ideas políticas tienden a polarizarse o, al menos, las candidaturas asumen posiciones en relación a ciertos hechos o problemas socialesEn el actual ciclo electoral, nuevamente, los campamentos y la pobreza –que no discrimina entre nacionalidades– están quedando de lado en las discusiones y debates, salvo cuando se buscan responsables de crímenes de alta connotación social. Casi ningún candidato o candidata –y aún menos políticos en ejercicio– entran a tomas o campamentos, por razones de Covid, dicen, pero la verdadera razón es que allí no hay votantes, y por si acaso prefieren no arriesgar los votos que cuentan para la elección.

El invierno del año 2020 fue crudo. Al frío y la cesantía, se sumó el factor coronavirus. Iniciando el invierno se levantaron con barricadas los pobladores en la Región Metropolitana, y en todo el país, exigiendo al gobierno que tome medidas económicas y sanitarias. Durante mayo, junio, julio y agosto proliferaron las ollas comunas y los contagios. Las familias que viven en campamentos han sido las más afectadas por la crisis pandémica y, por cierto, en relación al año 2019 el número de campamentos aumentó en un 224% en la Región metropolitana.

Como sociedad, como seres humanos, debemos comprender que detrás de cada número existen vidas, ilusiones y esperanzas. Nuestros connacionales, y nuestros hermanos y hermanas de la América Latina que al día de hoy viven en tomas y campamentos, lo hacen porque no tienen otro lugar donde vivir. El mercado no les permite acceder a otra realidad y el Estado, hasta el momento, no se ha hecho cargo de garantizar el derecho fundamental a la vivienda, ni mucho menos ha considerado el debate sobre el derecho a la ciudad o el derecho al suelo, ni de avanzar en los compromisos suscritos por nuestro país en la Nueva Agenda Urbana (ONU-Habitat), que establece para 2016-2036 la meta de garantizar el derecho a una vivienda adecuada en los países de América Latina y el Caribe.

Desde nuestro rol en el Consejo Regional metropolitano necesitamos avanzar en dos dimensiones que necesariamente requieren la voluntad política de todos los sectores que estén por la dignidad de la vida. En primera instancia, promover una agenda corta, en la que se invita a la conformación de una mesa regional de campamentos compuesta por el gobierno central y los ministerios incumbentes, el gobierno regional, los municipios de la región, la sociedad civil organizada, fundaciones, universidades y, principalmente, dirigentes y dirigentas de campamentos: de esta manera, entre todos y todas podemos establecer las bases de lo que será la política regional integral para el tratamiento de campamentos en la región metropolitana. Que sea la antesala, para desarrollar el banco de suelos e ir frenando la especulación inmobiliaria sobre los suelos y la construcción. Paralelo con esto, instamos a la inversión de recursos extraordinarios para prevenir contagios Covid, enfermedades respiratorias de invierno y apoyo a la salud mental en los campamentos de la región. Esto implica cierres de construcciones, techos, calefacción, alimento, agua y trabajo social integral.

Ya conocemos los resultados de lo que ocurre cuando no se toman decisiones basadas en las necesidades de la gente, por lo tanto tenemos que hacernos responsables de actuar con rapidez y flexibilidad para prevenir contagios, enfermedades y accidentes vinculados con las construcciones irregulares y, por cierto, debemos poner en el centro de lo público la dignidad de los seres humanos.