El dilema presidencial en tiempo de crisis: de la oposición partidaria a una alianza popular

En las últimas semanas el debate presidencial ha vuelto a activarse con la irrupción de nuevas candidaturas y la presión por definir alianzas para las elecciones de noviembre. Como en ocasiones anteriores, varios sectores abogan por la unidad entre los partidos de la oposición y por una primaria amplia que incluya tanto al Frente Amplio como a Chile Digno y a la ex Concertación. La premisa que sostiene esta posición responde a la necesidad, justa y necesaria, de evitar un gobierno de derecha que le dé continuidad en el poder a la alianza tras el gobierno de Sebastián Piñera.

Por desgracia –y como ya es costumbre de una política deteriorada– la dimensión puramente electoral ha relegado a un lejano segundo plano la discusión sobre las definiciones políticas y programáticas que darían sentido a una eventual articulación de las fuerzas opositoras. En medio de una inédita crisis social, sanitaria y económica, marcada por el reclamo ciudadano de respuestas urgentes a su deteriorada situación cotidiana, este ensimismamiento de los partidos no sólo será contraproducente en términos de lograr mayorías, sino que también puede ser un factor de profundización del divorcio entre la política y la sociedad. Mientras el estallido social mostró la incapacidad del sistema político para procesar legítima y oportunamente las demandas ciudadanas, la crisis sanitaria producida por el Covid-19 ha puesto en evidencia la fragilidad estructural de un modelo económico basado en el trabajo precario y el endeudamiento crónico de las familias. Las exiguas ayudas económicas, en tanto, palidecen frente a la contundencia del aparato represivo del Estado, hoy en manos de una policía descontrolada y autoridades incapaces de contener sus impulsos autoritarios.

Desde el punto de vista de las fuerzas transformadoras, entonces, el objetivo central no es llegar al gobierno, sino hacer frente a esta situación de crisis, radicalmente distinta a la mera prolongación del estado de cosas previo a octubre de 2019 y la pandemia. Son estas las tareas a las que debe responder un nuevo gobierno, para ser no solamente una administración de distinto signo político (pero igual de vertical, ensimismada y renuente a la influencia ciudadana sobre su rumbo), sino un nuevo tipo de gobierno. Este es un desafío que no corre por un carril distinto del proceso constituyente, sino como parte de un mismo proceso de acumulación de fuerzas para lograr una determinación popular sobre el proceso político.

Si el estallido social develó la existencia de un pueblo que no sólo demanda ser “escuchado” por el sistema político, sino tener incidencia directa en la toma de decisiones, la fallida gestión estatal de la crisis sanitaria ha develado la urgencia de convertir ese anhelo en una realidad. La captura del Estado por parte de una élite alejada de la situación mayoritaria, con autoridades que desconocen tanto las condiciones de vida del pueblo que gobiernan como el sentido y razón de la función pública, es tal vez el corazón de la crisis que nos atraviesa. En este contexto, el esfuerzo por superar la fragmentación opositora y encontrar puntos comunes de acuerdo debe tener como propósito central el abrir un ciclo político de radical democratización del poder. Se trata de una condición fundamental para implementar las reformas más urgentes y poner en marcha una más extensa democratización social y económica. Pero pretender abordar este desafío como promesa de un programa es persistir en el error. No se democratiza de arriba hacia abajo, sino al revés, poniendo en práctica la determinación de los de abajo sobre los de arriba.

En tal sentido, una alianza para superar la actual crisis no puede agotarse en el acomodo de siglas partidarias de un sistema de partidos que representa franjas cada vez más estrechas de la sociedad. Por el contrario, debe favorecer y priorizar la expresión de toda la diversidad de organizaciones sociales y políticas, sectoriales y territoriales, que pueblan el amplio campo de fuerzas democráticas del Chile actual. Las que permitieron el contundente triunfo del Apruebo en el plebiscito constitucional y hoy trabajan por configurar una mayoría por los cambios en la constituyente. Pero también supone presionar conjuntamente por una mayor injerencia social sobre el proceso constituyente mismo, abriéndolo a una participación ciudadana efectiva.

La candidatura presidencial del Frente Amplio también debe estar alineada con este objetivo. De hecho, puede ser uno de sus principales instrumentos. Su principal contribución, en cualquier caso, no será ofrecer un programa presidencial contundente e innovador en los contenidos, pero cerrado en su forma de elaboración y pensado para un hipotético gobierno futuro en solitario. Debe, sobre todo, proponer condiciones concretas para superar la crisis con miras a un ciclo de progresiva desconcentración del poder y la riqueza. Al respecto, existen al menos cinco elementos fundamentales para una alianza de gobierno que, junto con enfrentar la aguda crisis, se proponga sentar las bases de un nuevo Chile: 1) la centralidad de los derechos humanos como mínimo democrático, con una política específica de justicia y reparación para las víctimas de las más graves vulneraciones que hemos vivido desde la dictadura civil militar; 2) la urgente intervención civil de Carabineros y un proceso de refundación de las policías para acabar con su carácter militarizado y someterlas a estándares democráticos que pongan como prioridad a las personas; 3) prestaciones sociales universales que permitan hacer frente a la crisis de los cuidados y la sostenibilidad de la vida, en consonancia con el proceso de garantización de derechos que se deberá impulsar en la Convención Constitucional; 4) reformas económicas y tributarias que permitan recuperar los empleos e iniciar una transición productiva y energética para avanzar a un modelo de desarrollo con justicia social, ambiental y de género; y 5) condiciones para el desarrollo exitoso del proceso constituyente garantizando un protagonismo popular en éste.

Estas propuestas se ofrecen no como promesas programáticas que sirvan de excusa a una alianza electoral a la usanza de la ya agotada política de la transición, sino como la base de un acuerdo político necesario para enfrentar la crisis actual. De esta manera, la principal pregunta no es con quién disputar la elección presidencial, sino cómo construir la alianza social y política capaz de impulsar estas urgencias desde un gobierno de nuevo tipo. Es decir, transitar de una oposición partidaria contra la derecha a una alianza popular para concretar transformaciones.

Javiera Toro
Abogada y especialista en Derecho Público. Directora de la Fundación Nodo XXI, ex presidenta del Partido Comunes. Candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 11.