El desastre económico de Piñera

Por Karina Oliva y Gonzalo Martner. 

En estos días se debate sobre el cuarto retiro de fondos y de las medidas adoptadas por el Banco Central, sobre todo en los debates acalorados de Twitter que establecen barreras binarias entre “responsables fiscales” e “irresponsables fiscales”, entre los “pro-inflación” y los “controladores de la inflación”. Dicotomías que, por cierto, son profundamente falsas.

Quienes se oponen argumentan que esto potencia un ciclo inflacionario y aplauden el alza de la tasa de interés decretada por el Banco Central, que busca prevenir presiones inflacionarias de demanda por el aumento del consumo de los hogares. Por otra parte, hay quienes critican la medida y cuestionan su intento de influir en decisiones que exceden su competencia, como la necesaria reforma al sistema de pensiones. Sin embargo, para dar una discusión seria en esta materia, tal como en el fútbol, debemos bajar la pelota al piso y plantear los términos del debate en su origen. Si no, estaremos debatiendo sobre cuán bueno es el remedio antes de averiguar a cabalidad cuál es la enfermedad.

Desde marzo de 2020, cuando se decretó la catástrofe sanitaria por la pandemia de COVID-19, el país entró en una vorágine de incertidumbre y una brusca caída de la producción y el empleo. La pérdida de dos millones de puestos de trabajo y de los correspondientes ingresos por la paralización de actividades, no fueron suficientemente compensados por el seguro de desempleo cuando era aplicable, mientras el trabajo informal quedó a la deriva. La suspensión de contratos sin despido fue financiada por los fondos de seguro de cesantía. El Ingreso Familiar de Emergencia se fijó en un nivel muy inferior a la línea de la pobreza, y abarcó a las familias del 40% más vulnerable y que estuvieran inscritas en el Registro Social de Hogares. Es decir, se puso en práctica una política hiperfocalizada. La medida fue un fracaso y llevó a la ciudadanía a exigir los retiros sucesivos de parte de sus fondos de pensiones para compensar la pérdida del empleo e ingresos. Esto fue de exclusiva responsabilidad de Sebastián Piñera y de la ausencia de una política capaz de sostener los ingresos de las familias y evitar su sobreendeudamiento o caída en la pobreza.

La encuesta Casen, aplicada a fines de 2020, reveló que la pobreza subió hasta abarcar a 2,1 millones de personas. No es menor que unas 940 mil mujeres perdieran su empleo por la crisis y que solo se hayan recuperado 420 mil, es decir, proporcionalmente menos que los empleos masculinos. La gran mayoría de ellas debió salir de la fuerza laboral por las tareas de cuidado. La situación es aún crítica, pero esto se vuelve más dramático ante la ausencia de políticas pro empleo, salvo algunos subsidios de cobertura insuficiente. La reactivación económica se ha centrado en la expansión del crédito y en la baja de las tasas de interés por el Banco Central, junto a políticas de crédito subsidiado (Fogape) con resultados en la recuperación del empleo formal. Pero aún faltan 900 mil puestos de trabajo informales y por cuenta propia para llegar al nivel de ocupación previo a la crisis. La fragilidad de las pymes, del empleo informal y de los cesantes es lo que empuja la demanda por un nuevo retiro desde los fondos de pensiones.

La política fiscal ha sido llevada con gran impericia. En 2020, cuando arreciaba el desempleo, el grueso de las ayudas públicas y desgravaciones tributarias fueron hacia el gran empresariado, sin que se usaran las reservas fiscales con más apoyos a las pymes y a las familias. Fue solo después de las grandes derrotas electorales de la derecha de mayo de 2021 que Piñera decidió cambiar de política y establecer el IFE universal. Pero, de nuevo, con una gran irresponsabilidad: aumentó el gasto público en un tercio, lo que no tiene parangón en la historia de Chile, pero sin enviar el proyecto de ley que terminaba con diversas exenciones tributarias que comprometió para ayudar a su financiamiento, ni comprimir el gasto en áreas prescindibles. El déficit fiscal estructural será llevado a más de 10% del PIB en 2021, lo que es insostenible. O se baja el gasto público en 2022 en 25% o más, lo que dejaría al próximo gobierno en una situación crítica, o se realiza una reforma tributaria que restablezca los equilibrios.

Entre tanto, desde enero la inflación ha aumentado de 3,1% a 4,5% en ritmo anual. La aceleración de la inflación ha ocurrido por situaciones puntuales de escasez y por la devaluación del peso desde marzo, que encarece las importaciones, junto al gran aumento del precio del petróleo. Pero el IPC de los bienes no sujetos al comercio internacional ha aumentado solo de 2,1% a 3,0% anual, aunque el incremento de precios de frutas y verduras y otros productos de primera necesidad ha sido sensible. Aunque se trata de alzas transitorias, la política errática del gobierno ha llevado al Banco Central a aumentar las tasas de interés para actuar sobre las expectativas, pero al riesgo de dificultar la recuperación de las pymes y del empleo.

Por tanto, para ser precisos, es necesario reconocer que gran parte de la situación económica que actualmente vive el país es producto de la negligencia e improvisación del gobierno, la que, además, llevará a un frenazo de la economía en 2022. Los principales costos de la crisis económica han sido asumidos por las trabajadoras y los trabajadores. El problema principal es que el gobierno de Piñera persiste en negarse a una política de ingresos permanente y a una reforma tributaria que permita consolidar la situación fiscal y una distribución más equitativa de la riqueza. Esta es una tarea que deberán asumir el próximo gobierno y el próximo Parlamento.