Disolución y refundación de una policía civil como garantías de no repetición

 

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Desde su fundación en el año 1927 por Carlos Ibáñez del Campo, la historia de Carabineros de Chile como cuerpo armado (de allí su nombre “portadores de carabinas”) carga con miles de vidas y ríos de sangre a su haber. Para nombrar algunas, esta sombría institución ha sido la protagonista de las matanzas de Ranquil en 1934, del seguro obrero en 1938, de la Plaza Bulnes en 1946, de la población José María Caro en 1962, y del Laja en 1973.

Esta institución tuvo activa participación como agentes de la política de exterminio desplegada por la dictadura civil militar entre 1973 y 1990, siendo su general director César Mendoza, miembro de la Junta Militar desde el mismo 11 de septiembre. Mientras se reformaban todas las instituciones del Estado –desmantelando el incipiente Estado de bienestar chileno para instaurar un neoliberalismo a ultranza–, Mendoza se preocupó de proteger a su gente, manteniendo la autonomía e independencia de Carabineros, y prestaciones de alta calidad en salud, vivienda, educación y seguridad social.

Retornada la “democracia”, sin recibir ninguna reforma o intervención civil desde el poder político, Carabineros de Chile, además de cargar con la muerte de decenas de comuneros mapuche, entre ellos el lonko Collihuin, Matías Catrileo, Johnny Cariqueo y recientemente Camilo Catrillanca, como brazo armado del Ministerio del Interior ha reprimido y hostigado a las comunidades mapuche en resistencia, al igual que a todo movimiento social que ha tratado de impugnar el modelo neoliberal.

Especial mención merece en esta sombría historia la participación de Carabineros de Chile en las protestas sociales iniciadas a partir del 18 de octubre de 2019. Según cifras oficiales, el INDH presentó 8 querellas por homicidio consumado y 12 por homicidio frustrado, la mayoría en contra de Carabineros de Chile, además constató un total de 3.442 personas heridas en centros de atención médica, entre las cuales 1.974 presentaban lesiones producto de municiones de impacto cinético y munición letal. Se constataron más de 343 víctimas de trauma ocular, situación sin parangón en el mundo, y más de 430 casos de violencia político-sexual. Misiones de observación de organismos internacionales de derechos humanos y de la sociedad civil emitieron informes expresando especial preocupación por las violaciones de derechos humanos como consecuencia de la acción de las fuerzas policiales y recomendaron adoptar medidas inmediatas para reformar la institución y prevenir la persistencia de estas vulneraciones.

El asesinato de Francisco Martínez el pasado viernes 5 de febrero nos recuerda la urgencia de disolver la institución de Carabineros de Chile. Nuevamente las imágenes que rápidamente se difundieron por redes sociales dan cuenta de carabineros dispuestos a asesinar como primera forma de respuesta, bajo el pretexto de “cumplir su labor”.

Francisco Martínez era un trabajador informal precarizado. Se alude a su salud mental, se alude a una posible “legítima defensa”, y a una serie de circunstancias para la construcción de su imagen como una “mala víctima”, atribuyéndole responsabilidad por su propia muerte. Los medios de comunicación masivos, por su parte, centran su atención en los incendios y las consecuencias de la rabia ante la impotencia. Las vidas pasan a un segundo plano, primando en su lugar el cuestionamiento. La utilería de malabarismo se considera un arma mortal, mientras hace algunos meses recordamos los dichos del subsecretario Galli al catalogar subfusiles UZI utilizados por grupos fascistas como simples “utensilios”.

En el derecho internacional de los derechos humanos se conoce el concepto de “garantías de no repetición” como aquellas medidas que debe adoptar un Estado que ha violado los derechos humanos de su población, para que aquello nunca más vuelva a ocurrir. Se entiende que es una obligación de los Estados adoptar estas medidas, puesto que ellos están obligados a respetar y garantizar el respeto y pleno ejercicio de los DD. HH y, por ende, también a prevenir su vulneración.

En este contexto, disolver Carabineros de Chile y refundar una nueva policía, sometida al poder civil y al servicio de la comunidad, es una obligación del Estado de Chile para con nuestros pueblos y la comunidad internacional que debe cumplir como garantía de no repetición. La actual institución, reforzada en dictadura, y protagonista de los pasajes más oscuros de nuestra historia, no tiene cabida en el nuevo Chile que queremos construir a partir de este proceso constituyente que se encuentra en curso, pues se ha construido en base a la política de combate al enemigo y la criminalización de la protesta social, las clases populares y la vida de quienes responden al estereotipo de “delincuente” . La constante actuación represiva y violenta ha sido un accionar resguardado y amparado por el Estado, asegurando impunidad y acrecentando la autonomía del cuerpo policial.

La función de policía se refería originariamente a toda la actividad desplegada por el poder público en el gobierno de la actividad política. Se pensaba como un reforzamiento a la legalidad, actuando sobre aquellos peligros establecidos de forma expresa, tipificados en el ordenamiento jurídico a través de leyes, reglamentos, circulares e instructivos. En nuestro país, Carabineros de Chile funciona como un cuerpo político. Su ligazón a las Fuerzas Armadas le ha reconocido una especie de autonomía y ha terminado priorizando la defensa de ciertos sectores económicos e ideológicos por sobre el marco normativo vigente. Tratados de derechos humanos, instructivos sobre cómo actuar frente al legítimo derecho de reunión que se ejerce en las manifestaciones, terminan siendo en la actualidad letra muerta.

Una nueva policía debe responder a parámetros de transparencia, efectivas investigaciones internas y mecanismos de responsabilidad. Junto con ello, debe construirse sobre los pilares de los derechos humanos, la democracia y la efectiva formación de sus integrantes. Esta es la única manera en que pueda construirse una nueva legitimidad social para un cuerpo policial, y sin esa condición es imposible desarrollar eficazmente cualquier labor de seguridad y orden público. El proceso constituyente nos plantea la urgencia de que éste se lleve a cabo de tal manera que los derechos humanos, violados por agentes del Estado desde octubre de 2019, figuren en el centro del debate.