A 32 años, aprobemos con y por una mejor democracia

Un día como hoy hace 32 años, se llevó a cabo el plebiscito que puso término a la dictadura cívico-militar en Chile que durante 17 años mantuvo a Augusto Pinochet en el poder y que instaló los cimientos del modelo neoliberal en nuestras vidas, privatizando derechos aumentando la precarización de las familias, la carga de cuidados de las mujeres y entregando bienes comunes nacionales a la administración empresarial a costa de un sinnúmero de vidas y violaciones a los derechos humanos.

Ad portas de un nuevo plebiscito que puede marcar cambios históricos en nuestra sociedad, vale la pena reflexionar sobre estas tres décadas de profundización neoliberal. Proceso que se desarrolló con el resguardo y violencia policial como fuerza de choque ante diferentes manifestaciones sociales que han demandado transformaciones políticas de fondo. Impidiendo debates necesarios en una democracia y han desencadenado el estallido social que se mantiene al día de hoy. Lo que nos da luces de la posible resistencia a la que acudirá la elite conservadora del país para impedir la organización del pueblo y del legado que debemos superar.

Toma especial relevancia luego de los acontecimientos de la última semana, donde una vez más fuimos testigos del abuso de la fuerza e impunidad de la que han gozado las Fuerzas Armadas y de Orden, al presenciar cómo un agente de fuerzas especiales de carabineros empujó deliberadamente a Anthony Araya, joven adolescente de 16 que se encontraba protestando en las cercanías de Plaza Dignidad – Ex Plaza Italia. Quien hoy sigue hospitalizado, mientras su agresor se enfrenta a demandas por homicidio frustrado y que hoy se mantiene en prisión preventiva.

Este último caso ha vuelto a poner sobre la mesa la urgente necesidad no sólo de que las autoridades a cargo asuman su responsabilidad política, sino también cuestionar la forma en que se constituye hoy la institución a la que se le asigna la mantención del orden y supuesta seguridad de la población. No es casualidad que durante los más de treinta años de retorno a la democracia, se mantengan diversas formas de abuso y uso excesivo de la violencia de carabineros ante legítimas manifestaciones sociales producidas por diferencias políticas propias de una democracia.

De Matías Catrileo a Camilo Catrillanca en la Araucanía, de las desmedidas represiones a movilizaciones estudiantiles el 2006 a denuncias de violencia sexual en las movilizaciones de las estudiantes feministas el 2018, hasta las cientos de denuncias por violaciones a los derechos humanos y a los cientos de casos de lesiones y pérdidas oculares durante la revuelta de fines del 2019 y 2020. Y si no fuera por registros audiovisuales de manifestantes y prensa independiente, seguramente el caso de Anthony Araya se mantendría impune y tardaría meses en procesarse, sin justicia ni reparación.

Así, podemos hacer un largo recorrido de casos que muestran un comportamiento sistemático de las fuerzas policiales contra la ciudadanía movilizada que reflejan su cultura militarizada, sin considerar el abuso de poder que han significado los casos de corrupción y malversación de fondos de los altos mandos de carabineros.

Este recorrido impune que se ha mantenido y profundizado con cada vez más atribuciones y libertades a las fuerzas policiales, en los gobiernos tanto de la derecha como de la Concertación, han naturalizado el enfrentamiento por parte de las autoridades, de movilizaciones, crisis y diferencias políticas que se puedan expresar desde la ciudadanía, con represión policial, por sobre diálogos genuinos y apertura política que permita construir consensos sociales más allá de los acuerdos que mantuvieron unida a la élite política durante las últimas décadas.

Esta situación pone de manifiesto una deuda histórica de nuestra democracia con la defensa de los derechos humanos luego de la dictadura, que devino en un proceso muy estrecho de justicia y memoria, y que hoy nos enfrenta a un comportamiento de las fuerzas de orden que goza de impunidad y respaldo incuestionable de las autoridades a pesar de evidencias indesmentibles de uso abusivo e injustificado de la fuerza.

Ante este escenario, no se puede esperar más. La oposición puede construir unidad sustantiva y actuar en lo inmediato ante una urgencia de defensa de los derechos humanos de manera de instalar parámetros democráticos en miras del proceso constituyente. Cobrar responsabilidades políticas -una vez más- a este gobierno ya es un mínimo, urge intervenir la institución de carabineros con el propósito de subir los estándares de respeto a los derechos humanos y aumentar el control civil sobre carabineros. Ya lo proponía el Frente Amplio a principios de años con la posible creación de un organismo independiente de control de la conducta policial. Sumado a esto, estamos frente a la posibilidad de rechazar el presupuesto que mantenga atribuciones injustificadas a carabineros y redireccionarlo para dicho organismo, mejorando los procedimientos policiales.

La posible unidad de la oposición debe tratar de construir fuerza que apuesta por una protección y mejoramiento de nuestra democracia, lo que requiere de una superación de los viejos acuerdos y pactos políticos excluyentes de los intereses sociales. Estamos ante esa oportunidad, lleguemos a este nuevo plebiscito con una articulación que supere los treinta años de transición y consolide el camino abierto el 18 de octubre por la sociedad.

*La autora es militante de Comunes y miembro de la Asamblea Feminista Plurinacional