1 DE MAYO - DECLARACIÓN FRENTE DE TRABAJO COMUNES: TRES MEDIDAS PARA VOLVER A PONER EL TRABAJO EN EL CENTRO

Por eso, ahí cuando termine la crisis sanitaria, estará recién empezando una disputa mucho mayor por la dirección del cambio social, donde el trabajo será un aspecto constituyente. Y al mismo tiempo, disputar su carácter será la única vía para pensar de forma realista un futuro más democrático.

Preámbulo

La revuelta social del 2019 y la actual pandemia del COVID-19 no sólo agudizan la crisis de representación de la política sino que además reabren el debate sobre trabajo y modelo de desarrollo en Chile. Una discusión que remite a una larga crisis que hoy sólo termina de manifestarse, y donde las consecuencias económicas se distribuyen de forma tan desigual como es la estructura de clases formada al alero de este último medio siglo de neoliberalismo. 

A nivel regional, el Banco Mundial estima que América Latina será la región económicamente más afectada por la crisis, en gran medida por su dependencia estructural al comercio de materias primas. Un mercado del que dependen el 40% de las exportaciones de Chile además. Todo indica que esto podría hacer de la situación local una de las más devastadoras. A esto hay que añadir una capacidad recaudadora del fisco bastante débil y una informalidad laboral creciente, lo que limita la aplicación de medidas distributivas. De hecho, hasta el momento las políticas anunciadas por Briones, Zaldívar y Piñera no consideran de manera efectiva al amplio grupo de trabajadores informales, honorarios o que realizan trabajo no remunerado.

El escenario descrito ocurre además en un contexto en donde la izquierda tiene bajísima incidencia. No logra ser oposición, ni presentar una crítica audible a la gestión del gobierno. Uno de los errores sin duda ha sido reducir su arco de iniciativas a la arena parlamentaria, bajo un régimen ultra presidencialista. Quienes aparecen como voces un poco más legítimas dentro de la política institucional son los alcaldes, con mayor anclaje local, pero donde la derecha más dura es la única que figura. 

La perplejidad de la izquierda política y su falta de anclaje social empeoran el cuadro. Si bien se sumaron voces disidentes en la arena parlamentaria, aún no hay una fuerza política y social que tenga por centralidad la disputa por el carácter social del Estado, con una política de industrialización local y que contemple derechos sociales garantizados, y por cierto raíces más profundas en las fuerzas del trabajo. Sin eso, la izquierda sigue en promesas de más democracia vaciadas de todo materialismo y de proyecto histórico. 

Las fuerzas del trabajo frente a la crisis

Otras dimensiones de la coyuntura se vuelven cruciales de analizar, porque reflejan una ofensiva política hacia el mundo del trabajo, a la que no estamos respondiendo. El acelerado crecimiento del desempleo y la informalidad laboral - que llegarán a sus peores niveles con la crisis sanitaria - demuestran que la Constitución sencillamente no asegura el derecho al trabajo. Así lo corrobora la Dirección del Trabajo hace algunas semanas cuando indica que los empleadores se eximen de sus obligaciones en el pago de remuneraciones. 

Las políticas formuladas frente a la crisis, bajo la doctrina neoliberal, cargan la totalidad del costo al trabajo y favorecen nuevos formas de acumulación empresarial: 

  1. Medidas de créditos a las PYMES entregados por la banca con aval del Estado
  2. Subsidio estatal a la empresa para el ingreso mínimo garantizado, que no alcanza a superar la línea de la pobreza y permite ahorrar costos a privados
  3. Autorización para cobro de seguro de cesantía que exime al empleador de pagar salarios
  4. Creación de seguro de catástrofe para trabajadores independientes, que debe ser pagado por ellos mismos y exime al empleador de dicho costo
  5. Ley de teletrabajo que permite definir extensión de jornada por “mutuo acuerdo” y no anticipa la sobrecarga del trabajo doméstico y de cuidados en las mujeres
  6. La limitación de reelección de dirigentes sindicales 
  7. El proyecto de ley para suspender las negociaciones colectivas. Uno de los pocos instrumentos que quedan para proteger a los trabajadores en medio de una exacerbación de las asimetrías de poder en el mercado del trabajo. 

Aunque los datos demuestran que el trabajo ha ganado en organización en la última década y media, no lo hecho tanto en términos de poder real. Los empleadores mantienen una altísima discrecionalidad sobre las relaciones laborales, para fijar salarios, compensaciones, jornadas, modalidades contractuales, y en general todo lo concerniente a organizar la empresa. Algo que se plasma en el Plan Laboral del 79’ y que persiste en el draconiano código laboral hasta nuestros días, habiendo pasado por cinco gobiernos de la Concertación. Está prohibido olvidar que incluso el último gobierno de Bachelet se dió el lujo de limitar los derechos sindicales en nombre de una “modernización” de las relaciones laborales, ocupado irresponsablemente grandes organizaciones sindicales para dicho fin, lo que implicó la inaudita suplantación de sus bases sociales. 

Y es que la herida más profunda del movimiento de trabajadores tiene como telón de fondo el divorcio entre política y sociedad. Los partidos que integraron las coaliciones políticas gobernantes en todo el período de la transición se distanciaron completamente de los conflictos que ocurrían en el campo del trabajo. A su vez, la nueva izquierda que surge de las luchas sociales de 2006-2016 agrupada en el Frente Amplio, no ha logrado hasta ahora desarrollar un anclaje significativo en estos sectores sociales. Hay varias razones, pero sin duda una de las de peso es que su aproximación al problema de la estrategia política desestima por completo la organización del campo del trabajo. 

Ante esto, el escenario de crisis exige atender conjuntamente problemas de larga data y problemas más recientes. Un desafío para la izquierda es justamente elaborar un programa de lucha que contemple ambos registros en donde transitan los conflictos del trabajo actuales. Muchos de ellos remiten a condiciones básicas de dignidad, y otros son más novedosos como la automatización, pero ambos pueden conjugarse y empeorar las condiciones generales del trabajo frente al capital. Si estas tendencias se mantienen como están, tal como fue ya en 2008, la crisis la pagarán los trabajadores con un empeoramiento de sus condiciones generales de reproducción social, al mismo tiempo que la propiedad y el capital terminan más concentrados y revitalizados gracias a la explotación de nuevos nichos de acumulación. Por eso, ahí cuando termine la crisis sanitaria, estará recién empezando una disputa mucho mayor por la dirección del cambio social, donde el trabajo será un aspecto constituyente. Y al mismo tiempo, disputar su carácter será la única vía para pensar de forma realista un futuro más democrático.

Tareas inmediatas para la izquierda

Sin embargo, entendemos que el gobierno también saca provecho de la crisis e impulsa una agenda que no se detiene, que avanza sin contrapesos claros en este momento, y que busca precisamente realizar los ajustes sobre la regulación laboral que sean necesarios para facilitar la actividad empresarial en lo que han llamado “nueva normalidad”. Las fuerzas de izquierda pueden enfrentar esto con unidad si coincidimos en tareas inmediatas: 

  1. Oponerse a la iniciativa del gobierno de legislar, bajo la amenaza del desempleo y la crisis económica, sobre materias permanentes que requieren amplio debate, como ha pasado con el Teletrabajo y el Ingreso Mínimo Garantizado. La primera es una medida que tiene que ser previamente consultada y discutida con sectores directamente involucrados, que son precisamente los trabajadores. La segunda es una subvención estatal a los empleadores de Chile, enormemente costosa por lo demás, y que no significa una ayuda sustantiva para los hogares.
  2. Exigir medidas de protección al empleo que respondan directamente a las necesidades de los trabajadores y no de forma residual al ayudar a la empresa. Entre estas medidas, se cuentan: 
    1. Renta básica universal de emergencia (sobre la línea de la pobreza, a toda persona mayor de 18 años). Dentro de este marco, la propuesta realizada por el Frente Amplio traza un buen camino. 
    2. Prohibición de despidos y suspensión de contrato en toda aquella empresa que no acredite previamente insolvencia financiera.
    3. Mantener activa la Negociación colectiva – especialmente, sobre condiciones de trabajo- para las industrias que están con mayor demanda y bajo condiciones extremas: (por ejemplo, en Salud y Retail)
    4. Fondo de Cesantía de Solidario de Emergencia para trabajadores informales e independientes (honorarios, trabajadores de casa particular, vendedores/comerciantes, entre otros)
  3. Proponernos la elaboración de un documento unificado que plasme una agenda laboral transformadora que pueda canalizarse a través del proceso constituyente, en miras además del debate sobre modelo de desarrollo y trabajo. Considerando aquí, al menos: 1) Regulación contractual (especialmente sobre regímenes de informalidad, subcontratación y honorarios), 2) Libertad sindical y Cobertura de Negociación Colectiva, 3) Pensiones y Seguridad Social, 4) Reducción de brechas de género y reconocimiento al trabajo doméstico-reproductivo, 5) Regulación del trabajo frente a las nuevas tecnologías, y 6) Diversidad e Inclusión en las organizaciones laborales.